El precio será adicional a los aumentos registrados en julio y forma parte de la denominada normalización, aprobada por el Gobierno tras el congelamiento dictaminado en 2019 en medio del estallido social y la posterior pandemia de Covid-19.
De acuerdo con la CNE, las facturas tendrán un recargo de entre 12 y 22 por ciento, en dependencia de la zona geográfica donde esté ubicada la vivienda.
En el caso de la capital, el alza rondará un monto máximo de 21 puntos porcentuales, indicó la entidad.
Además, el encarecimiento será de mayor impacto para quienes consuman por debajo de los 350 kilovatios hora mensuales, un rango donde están la mayoría de los clientes residenciales.
Aquellos que demanden más de esa cantidad tendrán un aumento de precio mucho menor, de entre dos y ocho por ciento.
El aviso llega cuando hay un descontento generalizado debido al pésimo servicio entregado por las empresas privadas que manejan el sector y crece la demanda por la creación de una entidad pública capaz de asumir ese servicio.
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