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jueves 22 de agosto de 2024
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Jueza chilena extiende audiencia a acusados por delitos financieros

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Santiago de Chile, 22 ago (Prensa Latina) Un tribunal chileno decidió hoy extender más allá de lo previsto la audiencia de presentación de cargos contra un conocido abogado y dos de sus colaboradores por blanqueo de capitales, sobornos y evasión de impuestos.

El penalista Luis Hermosilla, vinculado a casos de alto impacto en el país, su asociada Leonarda Villalobos y el esposo de ésta, Luis Angulo, forman parte de una red de delitos financieros en el denominado “caso audios” investigado desde hace nueve meses.

Durante la sesión de este jueves la fiscalía terminó una larga exposición de pruebas contra los encartados y luego la jueza Mariana Leyton decidió que el viernes tendrán su turno los querellantes adhesivos en la causa.

La audiencia continuará el lunes con los alegatos de descarga de la defensa y sólo entonces se decidirá si se aplica la medida cautelar de prisión preventiva contra Hermosilla, Villalobos y Angulo.

El escándalo detonó en noviembre de 2023, cuando se reveló un audio de una reunión privada entre Hermosilla, Villalobos y el controlador de la financiera Factop, Daniel Sauer.

En la grabación se habla de hacer pagos ilegales a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero a cambio de información privilegiada en beneficio de Sauer, su hermano y su padre, quienes están en prisión por otros delitos.

Investigaciones posteriores revelaron que el penalista y sus socios participaban en la circulación de fuertes sumas de dinero entre Factop y otras operadoras financieras vinculadas a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, lo cual incluía también facturas falsas o adulteradas.

El fiscal jefe de Alta Complejidad, Miguel Ángel Orellana, dijo hoy que los antecedentes permiten establecer la fusión de dos planes criminales concertados en uno solo.

Por un lado, los delitos cometidos por la familia Sauer y por el otro los intereses de Álvaro y Antonio Jalaff, cuyas deudas alcanzaban 30 mil millones de pesos (unos 32,5 millones de dólares), y necesitaron recursos obtenidos de manera ilegal.

En ambos casos Hermosilla y sus asociados habrían actuado como intermediarios para facilitar ese trasiego financiero.

lam/car/eam

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