Con ese fin, la Alianza Colombia Libre de Fracking presentó un proyecto al Congreso respaldado por 82 congresistas de fuerzas políticas diferentes y por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, según aseguró en un comunicado, enviará un mensaje de urgencia al órgano legislativo para su respectivo trámite.
Según declaró la viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Tatiana Roa, el Gobierno apoyará la propuesta nacida de la ciudadanía organizada, cuyo contenido reviste una importancia vital ante los estragos de la crisis climática.
El proyecto que pide la prohibición del fracking es el quinto de su tipo que se radica en el Congreso y responde a la creciente preocupación de los ciudadanos y organizaciones sociales frente a los riesgos asociados a la explotación de Yacimientos No Convencionales (YNC) mediante técnicas como el fracturamiento hidráulico.
La iniciativa propone un veto total para esas actividades en el territorio nacional, priorizando la protección de las fuentes hídricas, la biodiversidad y la salud pública, al tiempo que busca fortalecer la soberanía energética mediante la promoción de fuentes renovables y la eficiencia energética.
Según refirió el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estudios recientes demuestran que la explotación de YNC requiere volúmenes significativos de agua, como es el caso del Proyecto Piloto Integral de Investigación Kalé, en el noreste de la nación, donde se estima que cada pozo demanda entre 40 mil y 48 mil metros cúbicos de agua.
Esta situación, planteó, es insostenible en un país donde el acceso al agua potable sigue siendo un desafío para muchas comunidades.
Añadió además que la construcción de pozos, carreteras y otras instalaciones, implica la deforestación y la fragmentación de hábitats críticos, amenazando la estabilidad de los ecosistemas y la biodiversidad.
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