Los homicidios son coordinados mediante teléfonos celulares por líderes del crimen organizado que “purgan condenas de 20, 30 o 50 años”, añadió el funcionario en declaraciones a la estación Extra Radio.
El ingreso de móviles –explicó- permite transmitir desde prisión esos mandatos para ultimar a quienes ellos decidan, como los 13 contabilizados en los últimos días por el OIJ, todos ellos ligados con ajustes de cuentas y sicariato (asesinato por encargo).
Zúñiga citó también como ejemplo de esos mandatos criminales los tres individuos ultimados en el cantón de La Unión, provincia central de Cartago, atribuido a un grupo criminal ya desarticulado, así como otros en el sur de San José.
Las empresas aplican inhibidores de señal celular para cuando estas son nacionales, pero los criminales emplean desde la cárcel chips o tarjetas de otros países con roaming, servicio que permite usar móviles en otros Estado y realizar y recibir llamadas y mensajes y navegar por internet.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia y Paz comunica constantemente sobre decomisos de aparatos telefónicos y drogas en los centros penitenciarios, pero recuerda que existen limitaciones de infraestructura y perímetro para determinar por donde ingresan de modo ilegal.
Algunos funcionarios y expertos –agrega Extra Diario- especulan sobre cómo proceden las mafias para introducir los celulares, como Nils Ching, director de la Policía Penitenciaria, quien considera que estos ingresos ocurren por medio de naves a control remoto que sobrevuelan para entregar los paquetes.
Según el oficial, “utilizan drones en espacios donde esperan los reclusos y reciben el ilícito. También tenemos penales sin muros o con estos muy bajos, limitación aprovechada para lanzar desde afuera los teléfonos”.
Por su parte, el criminólogo Gerardo Castaing comentó que los 550 homicidios acumulados durante el año en el país hacen pensar que existe en el país “una pena de muerte informal».
Presuntos mafiosos costarricenses procedentes del crimen organizado mataron hasta ahora este año mediante armas de fuego a tres letrados, informaron fuentes del Poder Judicial, citados por el canal Teletica.
El tercer y último homicidio de ese tipo ocurrió el 16 de agosto en el suroriental puerto de Limón contra Jorge Ramírez, el abogado de Tony Peña Russell, sospechoso de liderar un grupo de sicarios (criminales por encargo).
La primera víctima fue el exjuez y abogado penalista Luis Diego Ulloa, de 43 años ultimado el 27 de febrero en la central provincia de Cartago, cuyo auto fue interceptado y baleado por dos pistoleros desde una motocicleta, algún tiempo después de renunciar al cargo.
El segundo letrado ultimado fue solo un día después del primero, en Nicoya, región noroccidental de Guanacaste, baleado por un presunto sospechoso de 80 años, cliente del litigante, detalló entonces el Poder Judicial.
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