El conocido comentarita Nicolás Lúcar desestimó el argumento esgrimido para aprobar la legislación, según el cual la norma mejorará la relación entre fiscales y policías.
Manifestó la certeza de que la norma busca neutralizar las investigaciones por corrupción a altos funcionarios, controlando a la Policía, que está en la estructura del Ministerio del Interior y cuyo jefe es designado por la presidenta Dina Boluarte.
Como contexto y fundamento de esa percepción, mencionó las medidas contra oficiales de la unidad policial que actúa a órdenes de la fiscalía Anticorrupción, como la destitución e inminente retiro de la Policía del jefe de esa unidad, coronel Harvey Colchado.
Esas disposiciones fueron tomadas por los mandos policiales después que allanó la casa de la presidenta Boluarte por orden judicial, como parte de pesquisas a la jefa de Estado por presunto enriquecimiento ilícito y otros cargos, a raíz de la revelación periodística de que lucía relojes y otras joyas de alto costo que no había declarado.
Tras la medida adoptada por la variopinta coalición que controla el Legislativo, de mayoría conservadora, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, lanzó con nuevos ataques a ese órgano judicial al afirmar que “no suma ni apoya a la Policía”.
Respondió así al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, quien atribuyó la actitud de ministro al hecho que Villena le abrió una investigación por abuso de autoridad, por presuntas presiones a un oficial de Policía, para que “controle” a un periodista crítico del titular del Interior.
El diario La República afirmó que “El Congreso ha dado un nuevo golpe al sistema de justicia”, al aprobar la controvertida ley, pendiente de una nueva votación reglamentaria,.
El congresista de izquierda Jaime Quito, calificó de “cuento barato” sostener que la ley ayudará al combate a la delincuencia y denunció que busca mayor criminalización de las protestas sociales.
La parlamentaria conservadora Gladys Echaíz y el progresista Germán Tacuri coincidieron en que la norma es inconstitucional, pues la carta magna establece que el Ministerio Público dirige las pesquisas, lo que solo puede cambiar una reforma constitucional.
El coordinador de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez, opinó que la ley puede apuntar al control de las investigaciones contra altos funcionarios e individuos relacionados con estos.
En ese rubro se encuentra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta e investigado por influir en el nombramiento de autoridades y directivos estatales.
Chávez calificó la ley como improvisada, pues la Policía carece de personal y capacidad logística suficiente para hacerse cargo de las pesquisas preliminares, por lo que los fiscales han tenido que asumirlas.
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