Este viernes, en una nueva audiencia de apelación al recurso de ‘habeas corpus’, el exvicemandatario aseveró que el 8 de abril se tomó 60 pastillas para acabar con su vida, razón por la cual fue trasladado a dos hospitales de Guayaquil.
“Yo no sé cómo me lograron revivir (…), lo cual me genera mucha frustración porque insisto: yo debería estar muerto’, sostuvo el exfuncionario, uno de los líderes del movimiento Revolución Ciudadana.
Con este recurso, busca obtener arresto domiciliario y así salir de la cárcel de máxima seguridad La Roca, a donde llegó luego de ser detenido con el allanamiento a la sede diplomática mexicana, donde se encontraba refugiado.
Glas apuntó que el 90 por ciento de las atenciones médicas que ha recibido en prisión son superficiales y que allí no hay profesionales de la salud de forma permanente
El exvicepresidente y su defensa argumentan que no se están respetando sus derechos humanos con respecto a la atención de salud y por ello reclaman ante la Corte Provincial de Justicia de Guayas medidas sustitutivas.
La decisión puede conocerse hoy mismo o en los próximos días.
Glas, considerado uno de los símbolos de la persecución judicial o “lawfare” en Ecuador, recibió de forma temporal la prelibertad el 28 de noviembre de 2022 luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos; sin embargo, la medida fue revocada.
A inicios de este año, la justicia ordenó su captura por presunto peculado en el caso denominado Reconstrucción de Manabí, que investiga una supuesta malversación en obras públicas tras el terremoto de 2016.
Estuvo en la embajada de México en Quito desde diciembre de 2023 hasta el 5 de abril de este año, día en que uniformados allanaron la legación diplomática para capturarlo por orden del presidente Daniel Noboa.
El pasado 6 de agosto, el Gobierno ecuatoriano reiteró su posición de que «no es lícita» la concesión de asilo diplomático a Glas y que no le otorgará un salvoconducto para que salga del país.
Ese anuncio del Ejecutivo tuvo lugar un día después de que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicitara un permiso para que Glas fuera entregado y trasladado a un tercer país conforme al artículo XIX de la Convención de Caracas.
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