En un comunicado este viernes, la Comisión recordó que el Ministerio de Energía y Minas afirmó que el OCP pasaría a manos del Estado ecuatoriano antes del 31 de julio de este año; sin embargo, prorrogó la concesión privada de esa infraestructura clave para la economía.
Inicialmente, la fecha para el traspaso era el 20 de enero de 2024, luego el Ejecutivo la retrasó por problemas técnicos para el 31 de julio, y ahora la fecha límite se corrió para enero de 2025, según un reporte de la emisora Radio Pichincha.
Para el economista y excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz, el contrato lo “volvieron a extender, a dedo, por tercera ocasión”.
“Este uso arbitrario del patrimonio público para beneficio de terceros constituye un caso flagrante de peculado”, opinó Arauz en su cuenta de la red social X.
El OCP recorre 485 kilómetros desde los campos petroleros en el norte de la Amazonía hasta la terminal marítima de Balao, en la provincia costera de Esmeraldas.
En junio pasado, la empresa que administra el ducto se vio obligada a suspender las operaciones de bombeo de crudo durante 16 días debido a los avances en la erosión del río Coca, en la provincia amazónica de Napo, que afectó una parte de la tubería.
En dos décadas de concesión privada, el OCP transportó alrededor de 59,21 millones de barriles de petróleo y actualmente traslada 189 mil barriles diarios aproximadamente, un 40 por ciento del petróleo extraído en Ecuador.
La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep) considera que volver ese ducto a manos estatales le ahorraría al país cerca de dos mil 200 millones de dólares.
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