Un comunicado divulgado aquí alertó por los continuos desafíos de acceso que exacerban las vulnerabilidades preexistentes del pueblo del país asiático, incluidos los rohingya, quienes enfrentan la discriminación y la persecución a medida que se intensifica el conflicto armado en el estado de Rakhine.
Los rohingyas son una comunidad mayoritariamente musulmana que huye de oleadas de persecución en la nación predominantemente budista.
Guterres exigió el fin a la violencia y garantías a la protección de los civiles de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Asimismo, instó a fortalecer los esfuerzos de protección regional, para proporcionar acceso a las comunidades afectadas por el conflicto y seguir apoyando a los países de acogida, incluso a través del Plan de Respuesta Conjunta de 2024 para la Crisis Humanitaria Rohingya en Bangladesh.
La ONU estima que 18,6 millones de personas en Myanmar necesitan asistencia humanitaria con urgencia, incluidos seis millones de niños.
El contexto en la nación continúa en caída libre desde que los militares derrocaron al gobierno electo en febrero de 2021 y encarcelaron a los principales líderes, incluido el presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi.
Estimaciones de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios aseguran que en todo Myanmar, unos 3,3 millones de personas están desplazadas internamente, muchas sin refugio adecuado y en zonas afectadas por combates, como la provincia de Sagaing, en el norte, que alberga a unos 1,25 millones de personas.
En esa región se registraron nuevos combates como parte de una ofensiva de la fuerzas de seguridad contra los grupos armados étnicos que se oponen a la junta militar.
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