La principal diferencia en el legislativo será que el titular de ese organismo, Hery Kronfle, del Partido Social Cristiano (PSC), deberá dejar el cargo en octubre próximo porque será candidato a la presidencia de la República en los comicios del 9 de febrero de 2025.
Su lugar lo ocupará la primera vicepresidenta del organismo, Viviana Veloz, del movimiento Revolución Ciudadana, principal fuerza de oposición al actual Ejecutivo.
A su vez, Veloz, tendrá que salir de la Asamblea en enero, para poder hacer campaña, pues aspira a la reelección como asambleísta y deberán elegir a otro legislador para asumir como máxima autoridad del organismo.
Como ella, otros miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL), grupo encargado de la conducción de la agenda parlamentaria, se postularán para repetir en el periodo 2025-2029 y, por tanto, deberán dejar sus curules.
A ese reajuste obligatorio para poder participar en las elecciones se suma que las alianzas de las principales fuerzas políticas se deshicieron en los últimos meses y también que algunos asambleístas cambiaron de una bancada a otra.
En ese contexto, la Asamblea discutirá procesos claves como el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, acusada de incumplimiento de funciones debido a la permanente crisis de seguridad y por su papel en el asalto a la embajada de México.
Además, el parlamento tendrá que definir el futuro de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que también será sometida a un enjuiciamiento político.
A su vez, crecen las pugnas entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Este jueves, un juez falló a favor de la asambleísta oficialista Inés Alarcón, quien pidió reactivar los juicio políticos contra exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), sin embargo, el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, informó que no acataran la sentencia.
De acuerdo con Muñoz, no es un capricho desestimar la orden del juez, sino que existe una sentencia de mayor jerarquía, de la Corte Constitucional, sobre cómo la justicia no puede ser usada para resolver temas políticos.
No obstante, todo permanece en pausa hasta que reinicien las actividades legislativas el próximo 2 de septiembre.
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