Se trata de la entrada en vigor de una modificación legal que permite la internación, en centros de salud u otros, incluso contra su voluntad, de quienes pernoctan a la intemperie y generan situaciones en esas vecindades.
La directora de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social, Fernanda Auersperg explicó la nueva potestad que tienen los equipos de calle del Mides, asistidos por personal médico de Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y de la Policía.
Tal normativa tiene varios años de vigencia y se reglamentó en el 2021, recordó la funcionaria. Hasta ahora se aplicaba cuando había riesgo de muerte para una persona en situación de calle.
Ahora se podrá aplicar cuando por un problema de salud mental, la persona represente un riesgo para sí misma o para terceros.
La víspera el presidente Luis Lacalle Pou defendió el cumplimiento de la ley que, dijo, involucra a “gente que de alguna manera está en situación de calle en virtud de su adicción o salud mental. Mucho de ellos cometen delitos”
Reconoció la complejidad de la aplicación de la norma, en particular a la hora de decidir la internación no voluntaria. “Por ello, dijo, debe ser un trabajo coordinado entre el Mides, la Policía y ASSE. Que llegue un médico, una ambulancia”.
La aplicación de la ley tiene sus detractores, quienes consideran que va contra los derechos humanos de quienes viven en la calle por ser excluidos del sistema imperante en la sociedad uruguaya.
Entre quienes se expresaron en contra fueron los intendentes de Montevideo y Canelones, Mauricio Zunino y Marcelino Metediera.
Sus demarcaciones resultan de las más populosas y con mayor población en situación de calle.
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