En días recientes, el presidente del país, Gustavo Petro, encabezó una reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en la Casa de Nariño, con el objetivo de fortalecer las medidas de protección para líderes sociales y firmantes de paz, sobre todo en los territorios de los 170 municipios que conforman el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Según explicó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, el primero de los objetivos del cónclave al que asistieron varios funcionarios de alto rango es propiciar más rápidamente la transformación de esos lugares donde se presenta el mayor número de asesinatos de excombatientes y líderes sociales.
El segundo, añadió, es priorizar aquellas zonas donde las cifras muestran una situación aún más delicada y que requieren de una intervención de todas las entidades del Estado colombiano para medir como se avanza en la recuperación de los niveles de seguridad.
Cristo reveló que, para dar seguimiento a la situación, se realizará una evaluación cada tres meses de los indicadores de violencia en los territorios PDET.
Pese a que los homicidios de firmantes de paz y de líderes sociales se redujeron durante los dos primeros años del gobierno de Petro en comparación con el mismo periodo de la administración de su predecesor, Iván Duque (2018-2022), la cifra continúa siendo preocupante.
De acuerdo con datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), a la mitad del mandato de Duque, 475 líderes sociales fueron asesinados, lo que supera en 121 el número registrado en idéntico lapso bajo la presidencia de Petro.
Para el caso de los firmantes, la reducción de muertes violentas entre uno y otro gobierno fue de 64 en el trascurso de los primeros 24 meses.
Hasta el pasado 19 de agosto, según la misma fuente, se registraban ya en Colombia 109 líderes sociales víctimas de homicidio y 20 firmantes de paz.
Otra de las cuestiones que amenaza el bienestar de los exintegrantes de las FARC-EP tiene que ver con los conflictos generados por las disputas territoriales entre los diferentes grupos armados.
El pasado 20 de agosto, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) informó que alrededor de 80 familias firmantes de paz que habitaban en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Óscar Mondragón de Miravalle, en el sureño San Vicente del Caguán, fueron reubicadas en otra comunidad por motivos de seguridad.
Estas personas se trasladaron temporalmente al ETCR San José, en el municipio de Doncello, en el mismo departamento de Caquetá, hasta que se encuentre para ellos un predio definitivo que se adecue a todas sus necesidades, según comunicó la ARN.
La medida, anunciada desde el pasado mes de julio, se debió al ingreso en la región de unidades del Estado Mayor Central (EMC) en sectores donde se iniciaron disputas territoriales con la autodenominada Segunda Marquetalia.
A esto se le sumó una amenaza directa por parte del EMC, que dio a los habitantes de la zona 40 días para abandonar el sitio.
Aunque el traslado era ya de por sí molesto para quienes residían en San Vicente del Caguán, uno de los aspectos que más lamentan los reincorporados a la vida civil es tener que dejar atrás los proyectos que habían logrado desarrollar.
En Miravalle, los excombatientes y sus familias gestionaban la Agencia de Turismo Caguán Expeditions y un equipo de rafting o balsismo llamado Remando por la Paz, convertidos en sus medios de sustento.
Días después de recibida la amenaza de que abandonaran el lugar, los emprendedores informaron que se veían obligados a salir de su territorio, pues quedaron “en medio de una absurda disputa, viéndose afectada la transformación del territorio y la construcción de la paz” a la que ya tanto habían apostado.
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