Mediante un comunicado, la entidad precisó que enviará una comisión multidisciplinaria con el objetivo de visitar los caseríos de Ampliación Nueva Reforma, La Unión Frontera y Monterrico la Frontera, donde se asentaron esas personas.
A las familias mexicanas llegadas desde Chiapas, debido a la violencia de organizaciones criminales en aquel estado, las autoridades chapinas permitieron permanecer en el territorio por un mes, pero el estatus puede ser ampliado.
Según informes de la municipalidad de Cuilco y la Gobernación de Huehuetenango, describió el IGM, la cantidad que permanece en las comunidades de acogida se redujo.
Aseguró el texto que a partir de la visita confirmará el número de personas presentes aún en aquella zona limítrofe con el país vecino.
El director de la entidad, Danilo Rivera, recordó que en esta etapa además de la regularización de los desplazados también brindaron atención psicosocial, insumos, catres, carpas, kits de alimentación, de higiene y lúdicos.
Añadió que tales consideraciones se brindaron en coordinación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por medio de la agrupación Médicos del Mundo y la Organización Internacional para Migraciones.
Aparte de garantizarles albergue y alimentación, entre otras facilidades, el Ministerio de Defensa fortaleció la frontera para mayor tranquilidad de la ciudadanía.
México agradeció al pueblo y al Gobierno de Guatemala el apoyo, asistencia y solidaridad mostrada a las y los connacionales ante esta situación.
Versiones de la prensa apuntaron a dos cárteles del narcotráfico, el de Chiapas y Guatemala, y el de Sinaloa, que se disputan la zona para traficar la droga desde Sudamérica, Centroamérica rumbo a México y Estados Unidos.
Un reportaje expuso el 23 de julio último que pobladores de Amatenango, Chicomuselo y Siltepec, Chiapas, quedaron atrapados entre los disparos de balaceras que duraron hasta 10 horas continuas.
Investigaciones advirtieron que la migración forzada constituye un problema de años ante la amenaza de grupos armados en la frontera, donde los pobladores son víctimas de robos, reclutamiento obligatorio y abusos sexuales.
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