Este lunes los defensores hicieron sus alegatos de descarga, durante los cuales negaron los señalamientos del Ministerio Público y los querellantes adhesivos, y trataron de presentar a los encartados como víctimas de una red delictiva más amplia.
Conocido como “Caso audios”, el proceso detonó cuando se filtró la grabación de una reunión entre Hermosilla, la también abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer donde se hablaba de pagar sobornos a funcionarios a cambio de información privilegiada.
Las investigaciones determinaron que entre la familia Sauer y el bufete del acusado circularon cifras millonarias de dinero, en cheques o efectivo, con destino a la empresa inmobiliaria Patio, propiedad de Álvaro y Antonio Jalaff.
Una parte de esas cantidades estaría respaldada por facturas falsas o adulteradas, un delito por el cual los Sauer y su socio Rodrigo Topelberg están en prisión.
A propósito de este caso, el Gobierno por medio de la ministra vocera Camila Vallejo insistió hoy en la necesidad de que se termine de legislar en el Congreso Nacional el levantamiento del secreto bancario.
“No es solo para perseguir el crimen organizado de calle, el narcotráfico. Es también para poder perseguir el crimen organizado de élite o las redes de corrupción de cuello y corbata”, señaló la funcionaria.
Agregó Vallejo que esto ayudaría mucho para garantizar la justicia y eliminar la impunidad ante casos graves.
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