De acuerdo con un comunicado de la primera de esas entidades, el objetivo de la norma es prohibir de manera absoluta el desarrollo, ensayo, producción, posesión y uso de armas nucleares en el territorio colombiano.
De ser aprobado en el legislativo el proyecto de ley, el gobierno asumiría el compromiso de utilizar únicamente con fines pacíficos los materiales nucleares existentes en el territorio nacional.
El estado quedaría obligado asimismo a declarar públicamente si poseen o controlan armas nucleares, y también deberá proceder a su eliminación en un plazo establecido.
Otro de los compromisos estriba en ofrecer asistencia a las víctimas del uso y ensayo de armas nucleares, asegurando atención médica, rehabilitación y apoyo psicológico.
También la nación se sumaría a las reuniones periódicas de los Estados Parte, revisando la implementación del tratado y colaborando en decisiones que fortalezcan su aplicación
Dicho Tratado, que es un acuerdo internacional jurídicamente vinculante, fue aprobado por una conferencia diplomática celebrada en la Organización de las Naciones Unidas el 7 de julio de 2017.
Entró en vigor en enero de 2021, tras ser ratificado por 50 países, lo que constituía un requisito indispensable para su activación.
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