El proyecto tiene como objetivo determinar las competencias de los jueces agrarios y el tipo de conflictos que resolverán, así como aquellos litigios por la posesión y tenencia de la tierra, por deslinde y amojonamiento de predios agrarios y los que surjan de las actividades productivas, entre otros, según detalló un comunicado del Gobierno.
Además, establece las reglas especiales para que los procedimientos judiciales sean expeditos y garantistas.
La ministra de Agricultura y Desarrollo Rural Martha Carvajalino aseguró que esta propuesta de justicia agraria es la más profunda apuesta por la paz.
“Nos va a permitir decir que tenemos reglas claras, procedimientos claros, y un funcionario de la rama Judicial del Poder Público autónomo, independiente, y elegido por mérito, al servicio de la solución de los conflictos agrarios, para que propietarios, ocupantes y poseedores se sientan tranquilos”, declaró.
Con la Jurisdicción Agraria se buscará asimismo garantizar que las mujeres rurales, los pequeños y medianos productores y los miembros de grupos étnicos participen de las actuaciones judiciales que puedan afectar sus derechos, en tanto la norma promoverá la formación de especialistas en derecho agrario y el fortalecimiento de consultorios jurídicos.
Según declaró previamente Carvajalino prima un buen ambiente en el órgano legislativo para la aprobación de la iniciativa.
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