A pesar de los esfuerzos del Ejecutivo por aparentar que ha trabajado para el cierre del campo Ishpingo, Tambococha, Tiputini (ITT), no ha hecho más que ruido sin ningún avance real, afirmó la organización en sus redes sociales.
Por esa razón, pidieron a la Corte Constitucional convocar a una audiencia de manera inmediata para resolver lo dispuesto por el pueblo ecuatoriano en una consulta popular celebrada hace un año.
En ese proceso consultivo, el 59 por ciento de los ecuatorianos votaron a favor de dejar el crudo bajo tierra en esa zona de la Amazonía, considerada una de las mayor diversidad del planeta.
En opinión de Yasunidos, el informe presentado por el Gobierno el pasado 20 de agosto, al cumplirse un año de la consulta, “es técnicamente deficiente y está lleno de contradicciones, evidenciando la ineficacia de todas las carteras del Estado involucradas”.
El ministro de Energía y Minas, Antonio Gonçalves, anunció que hoy comenzaría el proceso de cierre total de las operaciones del Bloque 43-ITT, que puede demorar unos cinco años, es decir, hasta noviembre del 2029.
El cronograma contempla el cierre de 10 pozos en 2024 y 48 cada año, durante todo un lustro.
Actualmente, el Bloque 43-ITT, operado por Petroecuador, produce alrededor de 50 mil barriles diarios de crudo pesado.
Según la empresa, abandonar la explotación implicará la pérdida de ingresos de aproximadamente 16 mil millones de dólares hasta el 2034, que era el tiempo de vida útil estimado del campo.
La semana pasada, colectivos sociales e indígenas, así como expertos de Naciones Unidas, exigieron al Gobierno ecuatoriano cumplir los resultados de la consulta popular de hace un año, cuando los ciudadanos abogaron por no explotar más esa área.
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