El alto tribunal emitió un fallo en el que estimó que dicho acuerdo se ajusta a la carta magna del país en cinco aspectos fundamentales y que el trámite legislativo realizado para su aprobación satisface los requisitos previstos en la Constitución y en la Ley para tal efecto.
“La Sala Plena verificó el cumplimiento de los requisitos formales de validez de una Ley que aprueba un tratado internacional”, indicó esa entidad en un comunicado.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, o Acuerdo de Escazú, es un convenio internacional que incluye mandatos para proteger a los líderes ambientales, acciones para promover la justicia ambiental y la prevención de los conflictos.
Fue sancionado por el presidente Gustavo Petro en 2022 y desde entonces el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha emprendido una serie de acciones como la creación de la Comisión Interinstitucional que permitirá una implementación integral del convenio.
Tras el aval dado por la Corte Constitucional al acuerdo, la ministra de Ambiente Susana Muhamad calificó la acción como un paso histórico.
“Con este instrumento internacional, Colombia fortalecerá el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ambientales. Además, brindará protección efectiva a los defensores del ambiente. Ahora, debemos trabajar en su implementación para que los beneficios lleguen a todos los rincones del país”, declaró.
El presidente de la nación también se pronunció al respecto.
“Felicitaciones a la Corte Constitucional. El tratado de Escazú es hoy ley en Colombia. Colombia marcha a ser Potencia Mundial de la Vida”, escribió en su red social X.
El Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021 una vez que alcanzó las ratificaciones necesarias y es el único convenio vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20).
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