Tal decisión acompañó el dictamen de la relatora del caso, la diputada Jack Rocha, quien argumentó que Brazão cometió actos incompatibles con el decoro parlamentario, justificando la pérdida del mandato.
La defensa del imputado debe apelar el fallo a la Comisión de Constitución y Justicia, y después el expediente irá al pleno de la Cámara baja para que la recomendación del Consejo de Ética sea confirmada.
Para lo anterior, se necesitará el apoyo de al menos 257 de los 513 diputados.
«El asesinato de Marielle Franco, ocurrido el 14 de marzo de 2018, representó no solo un acto de brutalidad, sino un ejemplo devastador de violencia política de género», señaló Rocha.
Refirió que «Marielle Franco, una mujer negra, activista de derechos humanos y concejal de Río de Janeiro, fue ejecutada en un crimen innocuo que arruinó el país y el mundo».
Además del diputado, su hermano, Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, y el delegado Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de esa división territorial, también negaron cualquier participación en el crimen.
El proceso de casación en el Consejo de Ética sigue una serie de etapas estructuradas para garantizar la debida investigación y el juicio de parlamentarios acusados de infracciones.
Designados como los mandantes del asesinato, los hermanos Brazão fueron arrestados a fines de marzo, en una operación de la Policía Federal, con la participación de la Fiscalía General de la República y el Ministerio Público de la llamada Ciudad Maravilla.
Trece disparos de una subametralhadora HK MP5, de alta precisión y utilizada solo por fuerzas policiales de élite, alcanzaron el vehículo en que se trasladaban Franco y el chofer Anderson Gomes en la noche del 14 de marzo de 2018 en Río.
La también activista de los derechos humanos regresaba a su casa tras participar en un debate con jóvenes negras, cuando su auto fue baleado: ella recibió disparos en la cabeza y el chofer en la espalda.
El expolicía Ronnie Lessa, asesino confeso de la concejala, afirmó ayer por videoconferencia en la Corte Suprema que mató a la sicóloga de profesión por la posibilidad de hacerse rico.
Según el homicida, aceptó cometer el crimen por la promesa de autorización para explorar terrenos en la zona oeste de Río, lo que podría hacerle ganar, según él, 25 millones de reales (cerca de cinco millones de dólares).
El motivo del asesinato puede haber sido un enfrentamiento entre Franco y Chiquinho Brazão alrededor de un proyecto de ley que regularizaba terrenos dominados por la milicia.
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