En un comunicado, ATE precisó que tuvo acceso a información, según la cual una nueva tanda de expulsiones en la administración pública afectaría a los afiliados a otras formaciones políticas, quienes hicieron campaña contra la actual gestión, aquellos que presentaron varios certificados médicos y personas consideradas “conflictivas”.
“Ese tipo de despidos que quieren llevar a cabo a finales de septiembre se encuentra prohibido por todas las leyes. Se trata de cesantías discriminatorias fundadas en una razón política. Para ellos es conflictivo el trabajador que reclama por sus derechos. Nos quieren esclavos”, señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.
El autoritarismo de este Gobierno no es compatible con la democracia. Decidieron violar la dignidad de los estatales y de todas las personas. Esto solo ocurrió en la dictadura, añadió.
Aguiar expresó el rechazo de su organización a esa medida y aseguró que los funcionarios implicados serán condenados.
Cometen abusos psicológicos. Están actuando al margen de la ley y así perjudican no sólo a los asalariados, sino también a toda la administración. Son conductas comprendidas en el Código Penal. Utilizan sus cargos para fines distintos al interés público, apuntó.
Además, recordó que hay más de 65 mil trabajadores de la planta transitoria del Estado cuyos vínculos laborales fueron renovados a principios de junio tan solo por 90 días, por lo que los mismos se ponen en riesgo a fines del mes próximo.
El sindicato reiteró que la Justicia declaró en varias oportunidades la ilegalidad de esas cesantías e instó a todos sus miembros a definir la continuidad del plan de acción.
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