Mediante varios mensajes en su red social X, el funcionario calificó de falsas las declaraciones que indican que el ejecutivo pretende facultar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para realizar embargos pues, según el artículo 9 de la norma, esos procesos quedan en manos de los jueces.
También rechazó el argumento de que el proyecto tiene por finalidad que la ANT defina arbitrariamente cuándo un predio es de utilidad pública.
“Toda la Reforma Agraria es de utilidad pública e interés general desde hace 63 años. Esto fue reiterado en 1994 por la Ley 160. El proyecto de Jurisdicción Agraria solo reitera ese concepto de que la Reforma Agraria nos interesa a todos los colombianos”, remarcó Cristo.
Insistió en que las cuestiones administrativas, que implica negociar el predio, hacer una oferta y realizar los estudios necesarios para comprarlo, sigue en cabeza de la ANT pero que será la justicia la que dirima los procesos que a ese poder compete.
Del lado de Cristo estuvieron asimismo Martha Carvajalino y Ángela Buitrago, ministras de Agricultura y Justicia respectivamente.
Ambas remarcaron que la ley 160 de 1994 regula la expropiación agraria y dicta que es competencia de los tribunales agrarios en primera instancia.
Explicaron que el proyecto radicado la víspera mantiene esa ley, por lo que se respetan los principios constitucionales.
Según declararon los tres ministros durante la radicación de la norma en el Congreso, la propuesta tiene por objetivo determinar las competencias de los jueces agrarios y el tipo de conflictos que resolverán, al tiempo que establece las reglas especiales para que los procedimientos judiciales sean expeditos y garantistas.
Con la Jurisdicción Agraria se buscará asimismo garantizar que las mujeres rurales, los pequeños y medianos productores y los miembros de grupos étnicos participen de las actuaciones judiciales que puedan afectar sus derechos.
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