“Es un asunto de respeto a nuestro país”, aseveró el mandatario durante su habitual conferencia de prensa, al insistir en su rechazo a declaraciones de ambos diplomáticos en torno a la reforma al poder judicial impulsada aquí, y aclarar que sí continúa la relación con los gobiernos de esas dos naciones.
López Obrador aludió a comentarios del representante estadounidense, Ken Salazar, sobre supuestos riesgos a la democracia mexicana y la integración comercial entre las dos naciones debido a la iniciativa promovida por el ejecutivo y que se analiza en el Congreso.
“Dice el embajador de Estados Unidos que si se eligen a los jueces (por voto popular) -palabras más, palabras menos-, se afecta la democracia. ¿Cómo es eso”, si la democracia, de acuerdo a nuestra Constitución, le permite al pueblo cambiar la forma de su gobierno en cualquier tiempo, afirmó.
¿Cómo se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales y federales, a los senadores, a los gobernadores y al presidente, y no se va a poder elegir a los ministros de la corte o a los jueces, máxime cuando el poder judicial está completamente echado a perder, invadido de corrupción?, expresó.
Al mencionar las razones para la propuesta, López Obrador ha señalado en reiteradas ocasiones que el poder judicial se encuentra secuestrado y al servicio de una minoría rapaz, dominado por la delincuencia organizada y la de cuello blanco.
En ese contexto, la reforma aspira a poner fin al tráfico de influencias que permea a ese poder autónomo y que ha posibilitado la liberación de delincuentes y otras irregularidades, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos, según encuestas.
La iniciativa prevé un proceso extraordinario en 2025 para elegir por voto popular a ministros, magistrados y jueces, mecanismo que “desmantelará la aristocracia judicial”, según consideraron legisladores durante un reciente debate en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que dio su visto bueno a la propuesta.
Entre otros elementos, la reforma plantea, además, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial como una autoridad independiente a la Suprema Corte, y establece que la remuneración de los servidores públicos de ese poder no podrá ser mayor a la del Presidente de la República.
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