La decisión se tomó mientras se resuelve una recusación contra el juez Fernando Muñoz, que lleva la causa.
La recusación contra Muñoz fue presentada por Diana Jácome, asesora presidencial con el objetivo de que el magistrado no siga con el trámite, sino otro por sorteo.
Según establece la ley, la recusación se presenta cuando se aduce que hay algún conflicto de interés entre el denunciado y el juzgador. El recurso puede ser aceptado o no.
Esta suspensión de plazos y términos se da cuatro días después de que el TCE admitiera a trámite la demanda por violencia política de género presentada por la vicepresidenta Abad.
Además de Noboa, la acusación de Abad incluye a la canciller Gabriela Sommerfeld, al viceministro de Gobierno Esteban Torres y a la asesora presidencial Jácome.
De acuerdo con el juez Muñoz, recientemente removido de su cargo de titular del TCE, Abad sí “cuenta legitimidad activa para plantear la presente denuncia”, pues se encuentra en goce de sus derechos políticos.
Noboa y su gabinete tomaron la denuncia como “un intento de golpe de Estado” apuntado a impedir la participación del actual jefe de Estado en las elecciones generales de 2025.
Justamente, la infracción de violencia política es considerada como “muy grave” y se sanciona con la suspensión de los derechos políticos de dos a cuatro años, destitución y una multa.
Las desavenencias entre los dos principales jefes del Ejecutivo ecuatoriano se evidenciaron desde la elección del binomio y luego, el 8 de diciembre de 2023, a pocos días de asumir el cargo, Noboa envió a Abad a Tel Aviv como embajadora y colaboradora para la paz.
Por otro lado, en el TCE también está a la espera de ser tramitada una denuncia contra Abad por supuesta infracción electoral, y si la pierde no podrá asumir la presidencia cuando Noboa pida licencia para hacer campaña por la reelección.
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