«El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de la ciudad de El Alto ha fijado la audiencia de inicio del Juicio Oral, Público y Contradictorio para el lunes 2 de septiembre de 2024», aseguró este jueves la Procuraduría del Estado.
Áñez y otras exautoridades fueron acusadas de genocidio y otros delitos tras la arremetida contra civiles en noviembre de 2019 en la zona de Senkata, ciudad se El Alto, en el departamento de La Paz.
La Procuraduría calificó este juicio de «proceso sin precedentes» que procura memoria, verdad y justicia para las múltiples víctimas de las graves violaciones de derechos humanos.
Ratificó, asimismo, su firme compromiso con la justicia, la celeridad, la transparencia, el principio de no repetición y el deseo de que no exista impunidad.
Dos días después de la renuncia forzada del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, Áñez firmó el Decreto Supremo 4078 (conocido como de la Muerte).
Esta normativa eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia en la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden democrático.
En ese contexto, ocurrieron masacres como las de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y el Pedregal (La Paz), con saldo de 38 muertos, miles de heridos, torturados y detenidos ilegalmente.
Con fecha 19 de noviembre, en Senkata murió una decena de personas baleadas.
Un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI-Bolivia) concluyó que en esos acontecimientos ocurrieron gravísimas violaciones contra los derechos humanos, inclusive ejecuciones sumarias, masacres, racismo y tortura.
Por estos hechos, Áñez y otras 17 exautoridades fueron acusadas por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano.
Según la acusación formal de la Fiscalía, se colectaron alrededor 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales y 11 informes técnicos.
Asimismo, se recibieron 126 entrevistas informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 de los efectivos policiales, 50 de las víctimas y ocho de funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, entre otros elementos.
Por ello se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años en contra de los acusados.
Junto a Áñez, figuran como imputados en este expediente Arturo Murillo, Luis Fernando López; Víctor Hugo Zamora, Luis Fernando Valverde; Sergio Carlos Orellana y Pablo Arturo Guerra, entre otros.
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