Un pronunciamiento expuesto junto a los miembros de la junta por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, afirma que el proyecto contradice el artículo de la carta magna que atribuye al Ministerio Público la conducción de las pesquisas hasta su culminación.
Además, agrega, elimina “la obligación de la Policía Nacional de cumplir nuestros mandatos en el ámbito funcional, lo que implica que las pericias de criminalística estarían también a cargo de la Policía y no de las unidades orgánicas especializadas del Ministerio Público.
“El propósito de esta norma inconstitucional es que todas las investigaciones sean de conocimiento y dirección del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, del cual depende la Policía Nacional”, manifestó Villena.
Tal situación “colisiona con la autonomía institucional del Ministerio Público, la efectiva separación de poderes y una verdadera democracia”, advirtió.
Se preguntó si las investigaciones a altos funcionarios -como las que afectan a la presidenta Dina Boluarte- que realiza la Fiscalía, estarán también a cargo de la Policía.
Villena señaló que el personal policial no está capacitado debidamente para manejar las pesquisas y no cuenta con los recursos logísticos y operativos necesarios.
Llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a los parlamentarios a “evaluar con prudencia y mesura esta decisión respetando la separación de poderes, la autonomía institucional y el Estado de Derecho”.
El proyecto cuestionado se procesa en un contexto de continuas acusaciones de altas autoridades al Ministerio Público, de dar libertad a delincuentes detenidos por la Policía, lo que este rechaza.
El abogado penalista Andy Carrión dijo que está de acuerdo con el pronunciamiento de los fiscales.
Se preguntó si, estando la Policía a cargo de las investigaciones, se hubiera allanado la casa de la mandataria dispuesta por un juez en el marco de una indagación por presunto cohecho y enriquecimiento ilícito.
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