Aunque la prensa y los analistas atribuyen opciones casi nulas de éxito a la iniciativa amparada en el artículo 68 de la Constitución, la decisión atrae mucha atención y demuestra la crisis política imperante, marcada por la demora del mandatario para nombrar a un sustituto del primer ministro Gabriel Attal, cuya renuncia aceptó el 16 de julio.
Según un sondeo de Elabe para la cadena BFM TV, un 50 por ciento de las personas entrevistadas se opone a la destitución de Macron, mientras un 49 la respalda.
La pesquisa revela que el 64 por ciento de los franceses que votaron por el bloque de izquierda Nuevo Frente Popular en las legislativas del mes pasado apoya el proceso, al igual que la mitad de los electores de Agrupación Nacional, el partido considerado de extrema derecha que lidera Marine Le Pen.
LFI anunció el objetivo de destituir al presidente de la República con el argumento del artículo 68 de la Carta Magna de 1958, el cual establece que el jefe de Estado puede perder el cargo en caso de “incumplimiento manifiesto de sus funciones”, al actuar de manera “incompatible con el ejercicio de su mandato”.
Macron descartó nombrar a un primer ministro (la economista Lucie Castets) propuesto por la izquierda, que esgrime el derecho de formar gobierno, al ser la fuerza con más diputados en la Asamblea Nacional (193), aunque lejos de la mayoría absoluta, fijada en 289 escaños.
El Nuevo Frente Popular acusa al mandatario de dar un golpe a la democracia ignorando el resultado en las urnas, a lo que el oficialismo responde que en las legislativas ninguna lista alcanzó la mayoría absoluta, y por tanto no hubo un ganador.
Por el momento la iniciativa de los insumisos no encuentra un acompañamiento claro entre los socialistas, los ecologistas y los comunistas, los otros integrantes del bloque de la izquierda.
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