Conocido también como Informe Valech, por el apellido del obispo Sergio Valech, quien encabezó la primera etapa de las investigaciones, recoge las declaraciones de más de 35 mil personas que sufrieron cárcel y tratos degradantes durante el régimen golpista.
También reúne antecedentes sobre los sitios utilizados por agentes del Estado para llevar a cabo en forma sistematizada y con total impunidad, los delitos de tortura, homicidio, desaparición forzada e inhumación ilegal.
Sin embargo, una vez concluido el trabajo y con el argumento de resguardar la intimidad de las víctimas y sus familiares se estableció por ley en 2005 un período de secreto durante 50 años, lo cual causó indignación entre organizaciones humanitarias y sobrevivientes.
Este viernes, en ocasión de conmemorarse el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas, el Ejecutivo chileno se comprometió a eliminar la reserva y permitir el acceso a los documentos por parte de los tribunales y de la Comisión de Búsqueda, Justicia y Verdad.
Respecto a este último organismo, el gobierno informó que a partir de la semana próxima todos los interesados podrán revisar su página oficial y encontrar datos actualizados sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura.
Además, será posible consultar los contenidos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y en unos días se ingresarán al Congreso Nacional indicaciones para tipificar el delito de desaparición forzada e incorporarlo al Código Penal.
Mientras, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados urgió al Ejecutivo acelerar los trámites para el análisis de 89 cajas con restos humanos en poder del Servicio Médico Legal y determinar si corresponden a personas reportadas como desaparecidas.
A casi 51 años del golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende, perpetrado el 11 de septiembre de 1973, todavía no hay información sobre el destino de mil 100 detenidos por los aparatos de represión.
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