La fecha se conmemoró por primer ocasión en 2011, un año después de que la Asamblea General de la ONU estableciera la jornada al advertir un aumento de las desapariciones involuntarias en diversas regiones del mundo.
El foro consideró preocupante el incremento de los arrestos, las detenciones y los secuestros así como el número de denuncias de actos de hostigamiento, maltrato e intimidación padecidos por testigos de desapariciones o familiares.
Las Naciones Unidas rechaza el uso de esta práctica para infundir el terror en los ciudadanos al tiempo que advierte consecuencias en las víctimas directas, sus familiares y la comunidad.
De acuerdo con el organismo, cientos de miles de personas han desaparecido durante conflictos o períodos de represión en al menos 85 países de todo el mundo.
A propósito de la fecha, el foro considera particularmente vulnerables a los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos.
Las desapariciones, que resultaron principalmente el producto de las dictaduras militares, violan con regularidad la libertad y seguridad de la persona; su derecho a no ser sometido a torturas o tratos crueles o la garantía de vida en casos de asesinato.
Además, se cercena el acceso a la identidad; el juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales así como un recurso efectivo, con reparación e indemnización o a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.
Las desapariciones también suponen en general una violación de diversos derechos de carácter económico, social y cultural, tanto para las víctimas, señala el organismo.
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