En la capitalina Torre de Tribunales, el magistrado aceptó la solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en razón de delitos expuestos como financiamiento electoral no registrado y fiscalización electoral de fondos.
El análisis realizado del expediente establece que existe la posibilidad de una violación cometida de forma continuada y en contubernio con personas del Tribunal Supremo Electoral, expuso la jueza Leonor Morales.
Relacionó a Capriel, en su calidad de miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido Movimiento Semilla, con un informe económico de esa fuerza presentado ante el órgano rector de los comicios entre septiembre y diciembre de 2019.
El Ministerio Público (MP) indicó finalmente enviarlo a prisión preventiva porque existe peligro de fuga, pues -argumentó Orellana- el partido Movimiento Semilla recibió apoyo internacional.
Otro aspecto que resaltó para que el sindicado permanezca custodiado las 24 horas por agentes de la Policía Nacional Civil es que, por trabajar en el gobierno, tiene el poder de destruir o alterar pruebas.
Ordenó finalmente notificar al TSE de los hallazgos de la FECI, por los cuales podría cancelar a la agrupación política de forma definitiva.
El nombre de Capriel sobresalió días atrás en una audiencia contra la exdiputada de Semilla y directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández.
En ese momento Orellana determinó prisión preventiva para la funcionaria, por el mismo caso, abierto tras el sorprendente avance de esa fuerza en la segunda vuelta de las votaciones de 2023.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, rechazó después las acciones del MP contra Hernández, a quien consideró “una compañera íntegra cuya excelencia profesional y humana es destacada por toda persona que la ha conocido”.
Es más que evidente que en esta coyuntura oscura a la que las minorías corruptas llevaron al país, ella representa uno de los intentos de Consuelo Porras (Fiscal General) y de Orellana por desestabilizar al gobierno, expresó.
Organizaciones sociales y analistas advierten desde el 2023 lo inaudito de un caso declarado “bajo reserva”, la persecución continua contra Arévalo, y su partido, así como la violación por la Fiscalía de la Ley Electoral.
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