En la vista celebrada la víspera en el tribunal militar de la guarnición de Kinshasa-Gombe, el abogado del ciudadano estadounidense Benjamin Zalman pidió su absolución, en respuesta a la Fiscalía que demandó pena de muerte para 50 de los 51 acusados, entre ellos Zalman.
Según el defensor Richard Bondo, la pena de muerte solicitada por la Fiscalía contra su cliente no castiga el delito por el que se le procesa y agregó que, desde el punto de vista jurídico, aunque se demuestre que cometió el atentado, la ley que establece la pena de muerte como castigo fue abolida por la Constitución en 2006.
En tanto, el abogado del propietario del hotel Momo Auberge 19, Theodore Mukendi, significó que el tribunal no puede condenar a su cliente y trabajadores, pues como establecimiento comercial acoge indiscriminadamente a todos los clientes que pagan sin intentar averiguar sus planes, refirió Radio Okapi.
Detalló que Christian Malanga, considerado como el líder del intento de golpe de Estado y fallecido en la acción, se presentó en el alojamiento con una tarjeta de elector perteneciente a un congoleño llamado David Mwasamba.
“No te conviertes en cómplice de un cliente por recibirle; mientras no te informen de sus malvados planes”, argumentó.
De acuerdo con el medio de prensa congoleño, hasta el momento nueve de los 51 acusados se declararon inocentes frente al tribunal, cuya próxima vista está prevista para el lunes 2 de septiembre.
El pasado 27 de agosto, la Fiscalía pidió pena de muerte para 50 acusados por el intento de golpe de Estado y solicitó al tribunal declararlos culpables de los cargos de atentado, terrorismo, tenencia ilícita de armas y municiones de guerra, asesinato, conspiración criminal y financiación del terrorismo.
El pasado 19 de mayo, personas vestidas con uniforme militar atacaron la residencia del presidente de la Asamblea Nacional, Vital Kamerhe, hacia las 04:30, hora local.
Tanto él como su familia salieron ilesos del incidente, pero los asaltantes se dirigieron luego al Palacio de la Nación, sede de la Presidencia, donde fueron neutralizados por las fuerzas de seguridad y defensa.
El juicio contra los imputados inició el 7 de junio.
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