Confirmó la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) que en los próximos siete días entregará la reglamentación de esa normativa.
“La ABT se encuentra realizando la reglamentación del Decreto Supremo que será entregada (…) de manera formal al Gobierno nacional y al Ministerio de Medio Ambiente y Agua”, aseguró el director de Asuntos Jurídicos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Ramiro Vidaurre.
El decreto aprobado el 21 de agosto establece medidas correctivas sobre contravenciones al régimen forestal.
“Las sanciones por quemas ilegales en este decreto oscila entre un rango de 190 unidades de fomento de vivienda (UFVs) y (976 UFVs). A partir de ese momento las nuevas infracciones por quema ilegal se acogerán a este nuevo rango de sanción pecuniaria”, explicó la autoridad desde el Centro de Monitoreo Contra Incendios.
La UFV sirve de referencia para operaciones financieras, contratos y todo tipo de actos jurídicos en moneda nacional con mantenimiento de valor respecto a la evolución de los precios internos.
Hasta la fecha se siguen 274 procesos administrativos sancionadores por los incendios en el territorio nacional, de los que 161 se encuentran en Santa Cruz, 41 en Beni y 72 están distribuidos en el resto del país.
La ABT instauró 61 procesos penales por incendios forestales, 31 corresponden a personas identificadas plenamente y 30 contra presuntos autores.
El caso más reciente se registró el miércoles último, cuando fueron aprehendidas tres personas descubiertas en flagrancia con combustible para quemas forestales en el municipio de Guarayos, departamento de Santa Cruz.
Dentro de este contexto, la ABT denunció públicamente al juez cautelar de Guarayos, Roberto Cruz, por otorgar libertad irrestricta a esos tres acusados.
“La noche del viernes se desarrolló la audiencia cautelar por los últimos aprehendidos en el municipio de Guarayos, a cargo del juez doctor Roberto Cruz Hurtado, quien otorgó libertad irrestricta para los sindicados, desestimando las pruebas presentadas por la ABT y el Ministerio Público”, señaló una nota entregada a la prensa.
Pruebas se basaban en un informe de la Unidad de Monitoreo e Información Geoespacial (UMIG) respecto al lugar de origen de la quema y la cicatriz que se registra, así como los cuatro mil litros de combustible distribuidos en 17 turriles que se encontraban en posesión de Grover Quiñones, Asencio Yraori y Mario Fernández.
El jefe nacional de Asuntos Jurídicos de la ABT, Robin Justiniano, anunció una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el juez por resoluciones contrarias a la ley y prevaricato, aduciendo que la justicia no acompaña la lucha contra los incendios en el país.
Indicó que es el tercer proceso en el que se deja en libertad a los aprehendidos.
La Autoridad de Bosques y Tierra activó 274 procesos administrativos y 61 penales en respuesta a las quemas ilegales y los fuegos forestales en el país.
Brigadas de fiscalización de la ABT continúan desplegadas en las zonas más afectadas, con el propósito de identificar a los responsables y aplicar las sanciones conforme a ley.
De los 274 procesos administrativos abiertos, 161 son en Santa Cruz, 41 en Beni y 72 en otras regiones.
De estos, 158 corresponden a propiedades privadas y 116 a comunidades campesinas, interculturales o territorios comunitarios de origen (TCO).
rgh/jpm
