En el análisis de los diputados sobresalió que con la normativa se acabarán los abusos de los bancos, el cobro de intereses sobre intereses, entre otros señalamientos de los clientes expuestos desde buen tiempo atrás.
Estos contarán con una nueva entidad que protegerá sus derechos, la Unidad de Protección de Servicios Financieros del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor y Usuario (Diaco).
Mediante un comunicado, el Ministerio de Economía aseguró que personal especializado está preparado para atender y gestionar las controversias y conflictos de los usuarios de tarjetas de crédito.
La atención –acotó- tendrá un procedimiento especial que se habilitará posterior a que el tarjetahabiente y el emisor de la misma, realicen como primera instancia un arreglo conciliatorio, para lo cual el segundo tendrá un plazo de 15 días para responder por escrito lo resuelto.
Asimismo, explicó, de no llegar a un arreglo mutuo, el primero podrá ingresar su reclamo a la Diaco, a través de la Unidad de Protección de Servicios Financieros.
Esta entidad suscribió un convenio de colaboración con la Superintendencia de Bancos para el apoyo técnico y de formación de capacidades en la atención y defensa de los derechos de los usuarios de tarjetas de crédito.
La Ley viene a llenar un vacío legal en Guatemala, pues –de acuerdo con expertos- desde hace varios años se trabajaba para lograr su aprobación.
El número de personas que usan el servicio de tarjetas de crédito en el país registró un aumento considerable a partir de 1970, con el Código de Comercio y la regulación del tema, hasta la fecha.
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