Si bien el cargo sigue ocupado por el dimitente, a quien el jefe de Estado pidió continuar junto a su gabinete saliente en sus puestos con funciones básicas, el panorama político vive un contexto de crisis inusual bajo la Quinta República, que comenzó en 1958.
El 16 de julio Macron aceptó la renuncia de Attal y de los ministros, tras los reveses oficialistas en las elecciones europeas de junio y las legislativas del 30 de junio y del 7 de julio, sin designar desde entonces a un sustituto en Matignon, lo cual los diversos campos opositores denuncian.
Las consultas de las últimas dos semanas con partidos y dirigentes parlamentarios abrieron cierta esperanza de una salida de la crisis, lo que resulta bien complejo ante el riesgo de una moción de censura que tire abajo al nuevo gobierno, dada la variedad de fuerzas en la Asamblea Nacional, todas bien lejos de la mayoría absoluta (289 diputados).
Sin embargo, el presidente descartó la llegada al poder y la cohabitación en el mismo con el bloque de izquierda Nuevo Frente Popular, integrado por insumisos, socialistas, ecologistas y comunistas, alianza que reclama el derecho a gobernar, tras ser la que más escaños consiguió en las legislativas (193).
Tampoco prosperó en las reuniones una coalición con los conservadores, el partido Los Republicanos, la hipótesis demandada por el sector oficialista, que insta al mandatario a inclinarse hacia la derecha.
Es así que Francia se aproxima a los 50 días sin un nuevo primer ministro designado y con los debates del presupuesto 2025 amenazando como una Espada de Damocles.
La izquierda acusa a Macron de ignorar la voluntad popular expresada en las urnas y de dar un golpe de fuerza a la democracia.
El argumento esgrimido por el mandatario para no nombrar a la propuesta del Nuevo Frente Popular en Matignon, la economista Lucie Castets, es la “estabilidad institucional”, ya que tanto los conservadores como la extrema derecha (Agrupación Nacional) anunciaron que censurarán en la Asamblea un gobierno liderado por la izquierda.
Ante este escenario, La Francia Insumisa (LFI) promueve un proceso de destitución de Macron, al amparo del artículo 68 de la Constitución, que establece que el presidente de la República puede perder el cargo en caso de “incumplimiento manifiesto de sus funciones”, al actuar de manera “incompatible con el ejercicio de su mandato”.
La víspera, la líder insumisa en la Asamblea, Mathilde Panot, anunció la circulación de la iniciativa entre los parlamentarios en busca de apoyos.
De momento no parecen muchos los diputados y senadores, además de los asambleístas de LFI, dispuestos a respaldar la destitución, aunque Panot asegura tener confianza en el éxito de la empresa.
Analistas y medios de prensa señalan por su parte que las opciones son casi nulas de sacar del poder por esta vía al mandatario, a quien le restan tres años en el Elíseo.
Una encuesta realizada por Elabe para la cadena BFM TV, cuyos resultados se conocieron esta semana, refleja que un 50 por ciento de las personas entrevistadas se opone a la destitución, mientras un 49 la apoya.
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