El diplomático calificó como de muy acertado el mecanismo propuesto, que indagará la postura mayoritaria en torno a temas como si se mantiene la subvención a los hidrocarburos, la distribución de escaños en la Asamblea Legislativa y el carácter de la reelección presidencial.

Afirmó que el pueblo boliviano será el que, a través de una valoración nacional, defina efectivamente si quiere o no continuar con los subsidios hidrocarburíferos, que en el presente acarrea problemáticas tales como el contrabando de los carburantes y otras distorsiones financieras.

Si deseamos continuar con la subvención, estimó, se iniciarían otros debates acerca de función social que llevan los hidrocarburos, porque no es lo mismo pagar a un transportista que lleva a los niños a la escuela, que a una persona que está utilizando el mismo combustible subvencionado para manejar un carro de lujo ocupado por una persona.

En cambio, si la decisión fuera retirarla, se favorecería una dinámica para reducir la especulación y el daño que realiza el contrabando porque, una vez nivelado el precio al del mercado internacional, ya no constituye un negocio para el contrabandista, acotó.

Planteó que se trata asimismo de un medidor para sopesar el escenario y evaluar las decisiones que se tomaron hace más de una década cuando se trataba de otra coyuntura, cuando existía una bonanza de los precios de los hidrocarburos, y no existían los conflictos bélicos como los que están afectando hoy a la economía internacional.

“Tiene que pasarse a una valoración muy seria, muy crítica, que se establece a través de un mecanismo popular para que de esta forma no haya ningún tipo de observación de que se quiso beneficiar o no a determinado sector; aquí la mayoría y lo que corresponde al referendo se debe respetar y se debe cumplir”, sentenció.

Dejando de lado la situación hidrocarburífera, sobre lo que versan dos de las preguntas del referendo, las otras dos interrogantes van asociadas a las dinámicas de conflictividad por motivos políticos, las que han sido un mecanismo de coerción hacia el gobierno nacional para desestabilizar y desgastar, abundó Campero.

Una de ellas, continuó, hace alusión al tema de si se está de acuerdo con una modificación de la constitución política del Estado que solamente hace alusión a la reelección continua y pregunta si se debe incorporar también la reelección discontinua.

A juicio de Campero, esta es la solución más salomónica que ha brindado el presidente pues contribuirá a disminuir la conflictividad social dentro del territorio nacional.

Agregó que esto sentará las pautas de una dinámica, no solo para un único actor político, sino incluso para el propio mandatario Arce que, según reiteró, en ningún momento ha manifestado él mismo su voluntad de ser candidato para las próximas elecciones, sino que alega que esta es una decisión a cargo de las organizaciones sociales.

El referendo, enfatizó, servirá para examinar de manera concluyente si han cambiado o no las posturas que prevalecieron en la ciudadanía en el proceso similar realizado en 2016.

El otro de los temas a dirimir por la consulta popular plantea el incremento de asambleístas, pero no la disminución o retiro de los que corresponden a ciertas regiones porque eso implicaría un decrecimiento de la representatividad y una pérdida de capacidad a nivel de debate, detalló el embajador.

Según manifestó, se trata de equilibrar la discusión de temas trascendentales, pues un departamento grande y agropecuario como Santa Cruz podría entonces estar definiendo sobre todos los temas de litio sin que Potosí, -donde estará la planta para procesar las mayores reservas de ese mineral-, tenga una voz igual de fuerte.

Es una posición muy justa y coherente del presidente la valoración del incremento de escaños parlamentarios para no restar representatividad en el seno de la asamblea a nivel de estas regiones, que ya no cuentan con la misma cantidad de legisladores debido a los cambios demográficos ocurridos en los últimos 20 años, expresó.

ro/ifs