El coordinador del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso), Jorge Guzmán, indicó que como en el primer debate ahora los diputados dilatan la sesión para cuando concluya esta manifestación aprobar al funcionario que rechazan los trabajadores por ser un defensor de medidas paramétricas y la privatización de esa entidad pública.
Con el término de “Madrugonazo”, recordó Guzmán, las agrupaciones sociales bautizamos el aval dado por mayoría a Mon la pasada semana en la comisión de credenciales del Legislativo, por tratarse de la propuesta del presidente de la República, José Raúl Mulino.
Por su parte, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi),Marco Andrade, cuestionó que Mulino y la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, le pidan a los trabajadores mayores sacrificios, cuando las empresas privadas evaden el fisco y violan con los aportes de la cuota obrero patronal.
Mon y el sector privado que representa, según explicó, pretenden engañar al pueblo con un discurso de doble moral cuando aseveran que no habrá privatización de la CSS, pero sin embargo esperan delegar servicios a otras compañías, la llamada externalización.
Para Andrade, el nuevo funcionario, que viene de las empresas aseguradoras, es un impulsor de medidas que no benefician a los trabajadores, como aumentar la edad de jubilación y la cuotas que pagan los asegurados para luego recibir un servicio de mala calidad en la atención médica y el acceso a los medicamentos, los más caros de la región.
En la concentración pacífica en las inmediaciones del parlamento, también Abdiel Becerra, dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof), comentó a la prensa que los gremios magisteriales son de los más afectados al elevarse la edad de jubilación.
Adelantó además nuevas acciones de protesta, las cuales se decidirán en una junta directiva nacional de Asoprof el próximo fin de semana.
La CSS ofrece servicios de salud a los asegurados y jubilados y para ello maneja la plantilla más grande de todo el aparato estatal, con 31 mil 356 funcionarios, y un presupuesto cercano a los siete mil millones de dólares.
El mayor de sus actuales desafíos son las reservas del subsistema exclusivamente de beneficio definido y el fideicomiso de la CSS que se agotan este año.
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