Durante su habitual conferencia de prensa, el mandatario respondió a una pregunta sobre los vínculos bilaterales luego de la pausa establecida por el ejecutivo en las relaciones con las sedes diplomáticas de Estados Unidos y de Canadá, debido a declaraciones consideradas irrespetuosas por parte de los embajadores.
“Ha pasado como una semana y no hay declaraciones sobre el tema y nosotros celebramos eso, porque ese es el propósito: que ningún país extranjero de cualquier signo político-ideológico intervenga en asuntos que solo corresponden a los mexicanos”, expresó.
Permitirlo, añadió, es “aceptar que violen nuestra constitución y de que no somos un país libre y soberano. Afortunadamente, han actuado con mucha prudencia después de ese pronunciamiento y espero que las cosas vayan mejorando”.
El embajador estadounidense, Ken Salazar, dijo recientemente que la iniciativa representa riesgos para la democracia mexicana y la integración comercial bilateral; sin embargo, autoridades y expertos sostienen todo lo contrario, considerando que jueces, magistrados y ministros se elegirían por voto popular.
Al mencionar las razones para la reforma, López Obrador ha señalado en reiteradas ocasiones que el poder judicial se encuentra secuestrado y al servicio de una minoría rapaz, dominado por la delincuencia organizada y la de cuello blanco.
En ese contexto, la propuesta aspira a poner fin al tráfico de influencias que permea a ese poder autónomo y que ha posibilitado la liberación de delincuentes y otras irregularidades, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos, según encuestas.
Asimismo, plantea, entre otros elementos, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial como una autoridad independiente a la Suprema Corte, y establece que la remuneración de los servidores públicos de ese poder no podrá ser mayor a la del Presidente de la República.
ro/las
