El tribunal reemplazó la medida por arresto domiciliario total y mantuvo el arraigo nacional contra el también dirigente del Partido Comunista.
La imposición de la prisión preventiva, el pasado 3 de junio, le impidió a Jadue continuar al frente de la municipalidad de Recoleta, donde cumplía su tercer período.
Durante su administración llevó a cabo en esa comuna varios programas en beneficio social, entre ellos la Farmacia, la Óptica y la Librería Popular, el Centro de Rehabilitación, la Red de Bibliotecas y la Universidad Abierta.
El Ministerio Público lo acusa por los supuestos delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa en las negociaciones de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares.
Con la resolución de hoy se “destruyen total y completamente los supuestos delitos que se le estaban atribuyendo, porque con los nuevos antecedentes queda en evidencia que esos delitos nunca existieron”, dijo el abogado de la defensa Juan Carlos Manríquez.
La Fiscalía declaró no estar de acuerdo con la decisión del tribunal y anunció que adoptará medidas para revertirla.
El caso suscitó un amplio movimiento de solidaridad nacional e internacional integrado por cientos de personalidades.
“Contra Jadue se está cometiendo una grave injusticia. Él abrió el camino a un nuevo modelo de acción municipal en Chile, lo cual ha sido reconocido incluso por sus adversarios”, declaró a Prensa Latina el abogado, economista y escritor Jorge Arrate.
El también exministro calificó como abusiva la aplicación de la prisión preventiva en su contra porque se está imponiendo una medida de culpabilidad antes de la sentencia, lo cual es aberrante, dijo.
Cada sábado se realizaba una caravana desde la comuna de Recoleta hasta el centro de detención Capitán Yáber, donde se encontraba internado, para exigir su liberación.
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