Según precisaron las autoridades en un comunicado, de esa manera buscarán reparar “dicha ofensa contra la nación, así como los daños causados por las medidas coercitivas unilaterales”, emanadas por Washington, pues no se trata de un hecho aislado.
Denunciaron que la Casa Blanca reincidió en la práctica criminal de confiscar ilegalmente una aeronave utilizada por Maduro y argumentó como justificación las medidas coercitivas que impone de manera unilateral e ilegal.
“Dicha acción revela que no existe un estado constitucional en el mundo, que sea inmune a las acciones ilegales perpetradas contra el derecho internacional”, reflejó el Ejecutivo de Caracas y criticó las presiones estadounidenses a República Dominicana para servirle de cómplice “en sus actos delincuenciales”.
Entre otras acotaciones, la República Bolivariana condenó que Estados Unidos cree normas ajustadas a su conveniencia e intereses, para justificar sus procedimientos inmorales, mientras operaciones ilícitas como éstas exponen la falsedad de un supuesto “orden basado en reglas”, que favorece a la “ley del más fuerte”.
El canciller dominicano, Roberto Álvarez, desvinculó a su Gobierno y al Ministerio Público de la investigación emprendida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que concluyó con la confiscación del avión oficial de Venezuela.
No obstante, relató que en mayo pasado Santo Domingo recibió una petición de cooperación internacional relacionada a la pesquisa y en la cual se solicitaba «realizar registros de evidencia y objetos vinculados a actividades de fraude, contrabando de bienes ilícitos y lavado de activos».
El diplomático manifestó ante la prensa que la aeronave se encontraba en territorio dominicano para fines de mantenimiento.
Este acto de Estados Unidos es rechazado desde Cuba, Bolivia y otros países, que lo catalogan como un robo y una violación del Derecho Internacional.
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