La trigésima prórroga fue aprobada por el voto de 57 de 60 diputados, dos abstenciones y uno en contra, y entrará en vigor a partir del 8 de septiembre. Esa medida mantiene la suspensión de tres derechos constitucionales para todos los salvadoreños, algo que el gobierno estima necesario para combatir a las maras.
La iniciativa suspende los artículos 12 inciso 2o., 13 inciso 2o. y 24 de la Constitución de la República que se refieren al derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa, y a la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones.
La medida también suspendía artículo 7, sobre el derecho de asociación, pero este fue restablecido en los decretos de prórrogas desde agosto de 2022.
El Consejo de ministros, liderado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, solicitó la nueva prórroga argumentando en la petición la necesidad derivada de la aún existencia de grupos terroristas que de no erradicarse por completo su accionar permitiría un retroceso a los logros obtenidos.
Fuentes oficiales señalan que aún hay libres en el país y en naciones vecinas cerca de ocho mil pandilleros, aunque otras fuentes indican que la suma supera los 20 mil miembros de las organizaciones calificadas por ley como terroristas.
Según informe de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, el número de arrestados bajo esta normativa ascienden a 81 mil 900 individuos incluidos los principales jefes y el país alcanzó más de 689 días sin homicidios.
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