Tal disposición impediría o no la candidatura a cargos electivos de personas sin requisitos morales necesarios para el ejercicio del mandato político.
La semana pasada, el relator, senador Weverton Rocha, solicitó el aplazamiento de la votación del denominado Proyecto de Ley Complementario (PLP) 192/2023, que pretende unificar el período de impedimento electoral en ocho años para condenas judiciales, casaciones o renuncias de mandato.
Actualmente, los políticos condenados por delitos comunes son considerados inelegibles durante el cumplimiento del correctivo y por otros ocho años después de su término.
La nueva propuesta no solo anticipa el inicio del cómputo de ese plazo, sino que también establece un límite máximo de 12 años para la fase total de inelegibilidad, incluso en casos de condenas múltiples.
De autoría de la diputada federal Dani Cunha, el proyecto modifica la Ley de Inelegibilidad (Complementaria 64, de 1990) para que el período en el cual la persona no puede ser candidata pase a contar desde la fecha de la decisión que determina la pérdida del mandato.
Es decir, de la data de la elección en que ocurrió el abuso, de la condena por órgano colegiado o de la renuncia al cargo electivo, según el caso.
Otro punto del PLP 192/2023 trata de los casos de abuso del poder económico o político, haciendo inelegible a aquellos condenados por «conductas graves» que puedan llevar a la casación de registros, diplomas o mandatos.
Para críticos del proyecto, el texto podría favorecer a políticos como el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), quien no tuvo registro revocado, aunque fue declarado inelegible por el Tribunal Superior Electoral hasta 2030.
El período de inelegibilidad de ocho años empezará a contar desde la condena y no más después del cumplimiento de la pena.
La etapa máxima de inelegibilidad se limitará a 12 años, incluso en casos de condenas múltiples.
Será necesario probar dolo (intención de cometer irregularidades) para que el político sea considerado inelegible.
El proyecto amplía el período de no compatibilidad para los candidatos que son miembros del Ministerio Público, la Defensoría Pública, militares y policías de cuatro a seis meses.
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