En una alocución, el mandatario explicó que recabó la información tras los planteamientos de magistrados de la nación de que sus comunicaciones estaban siendo interceptadas y debido a que él mismo, su familia y campaña fueron objeto de esas acciones.
Petro leyó una comunicación que el requirió a la autoridad competente donde se consigna la compra de un software denominado Pegasus a la compañía israelí NSO Group Technologies Limited, que se especializa en el desarrollo de herramientas de espionaje.
Reveló que esto ocurrió entre los meses de junio y septiembre de 2021, bajo el mandato de Iván Duque (2018-2022), cuando el país atravesaba por un estallido social, y poco tiempo antes de que se realizaran en octubre las campañas tanto para el congreso como para consultas presidenciales.
Asimismo, detalló que el pago se hizo en dos partes y en efectivo.
El primero de ellos, de cinco millones 500 mil dólares, fue transportado por vía aérea desde Bogotá a Israel el 27 de junio de 2021 y depositado en la cuenta de la empresa el 30 de junio de 2021, y el segundo, de la misma cuantía del anterior, efectuado el 22 de septiembre de 2021.
A continuación, Petro cuestionó cómo es posible que salgan del país 11 millones de dólares en efectivo en dos aviones desde oficinas estatales hacia Israel para comprar un software destinado a interceptar celulares, y estimó que su campaña pudo ser una de las que se espiara con el programa informático.
“¿Con qué orden judicial?, -como ordena la constitución de Colombia para que esas interferencias no sean delitos-, ¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó del presupuesto nacional en la comisión de crédito en las oficinas de transacciones como usualmente cualquier ciudadano tiene la obligación de hacer?”, inquirió el presidente.
Concluyó entonces que se trató de un lavado de activos hecho desde el propio Estado para interferir las comunicaciones y planteó que esa investigación nunca se realizó.
Por lo tanto, afirmó que pidió al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero que entregue todas las evidencias a la fiscal general de la República, y solicitó al director de la Policía, William Salamanca, que encuentre el software dentro de la Dipol o fuera de ella, y se le entregue a la Fiscalía.
Comentó que de ser necesario se convocaría a expertos internacionales para la realización de la auditoría forense.
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