La entidad protectora de los derechos de la población señaló que esas escuelas tienen órdenes sanitarias pendientes de cumplimiento, mientras el Ministerio de Educación Pública (MEP) carece de un cronograma que establezca la intervención oficial para salvarlos.
El Estado debe ser garante de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, en especial los que preservan su educación, salud y otras facilidades para su bienestar, afirmó la Defensoría en un comunicado.
Los centros donde los menores reciben su estudios –expresa el texto- deben cumplir con los requisitos físico-sanitarios mínimos, comprendidos los espacios aptos para desarrollar sus capacidades, agrega la declaración.
La Defensoría de los Habitantes recordó que las autoridades deben proteger la conservación del patrimonio histórico y arquitectónico de esos centros educacionales registrados «como parte importante de la cultura nacional».
Una investigación de esa institución benefactora constató que el MEP cuenta con 60 inmuebles declarados patrimonio arquitectónico, de los cuales 54 son utilizados como escuelas, 24 de las cuales están en estado crítico confirmado por el Ministerio de Salud.
Los centros educativos ticos en esa situación presentan problemas físico-sanitarios, daños en estructuras y en el sistema eléctrico, que atentan contra la seguridad y los derechos de los alumnos, docentes y cuerpos administrativo de las escuelas, precisa la Defensoría de los Habitantes.
Sindicalistas del MEP denunciaron en las últimas semanas el bajo presupuesto para la educación pública aprobado para el sector y la falta de atención de dirigentes de esa cartera a problemas salariales del personal, comprendido los de las universidades, que protestaron mediante una marcha el 28 de agosto.
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