“Felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el poder judicial”, afirmó el mandatario durante su habitual conferencia de prensa, luego de que los parlamentarios dieran este miércoles su visto bueno a la propuesta en lo general y en lo particular para su envío al Senado.
De lo que se trata es de que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros como se elige a los diputados locales, a los gobernadores, a los senadores, al Presidente de la República… es lo mismo, aseveró.
Al referirse a los contrarios a la iniciativa, consideró que no tienen fundamento moral, pues resulta de dominio público y la mayoría de los mexicanos sabe que “impera la corrupción” en ese poder.
Con respecto a recursos de amparo presentados por jueces con el propósito de impedir la discusión del proyecto en el Congreso, el mandatario sostuvo que carecen de validez y lo calificó de “intromisión desesperada”.
“¿Cómo un juez va a detener, con qué fundamento legal detiene un proceso en el poder legislativo?”, se preguntó el gobernante, al señalar que por ley constituye una facultad del parlamento reformar la carta magna y la Ley de Amparo no puede aplicarse cuando se trata de un proceso de reforma constitucional.
“Ellos están en un plan de querer entorpecer la vida pública del país, provocar inestabilidad. Pues no. No va a suceder nada, no está sucediendo nada”, porque el de México es un pueblo muy consciente y politizado, expresó.
Al mencionar las razones para impulsar la reforma, López Obrador ha señalado en reiteradas ocasiones que el poder judicial se encuentra secuestrado y al servicio de una minoría rapaz, dominado por la delincuencia organizada y la de cuello blanco.
La propuesta aspira a poner fin al tráfico de influencias que permea a ese poder autónomo y que ha posibilitado la liberación de delincuentes y otras irregularidades, una denuncia en la que coincide la mayoría de los ciudadanos, según encuestas.
Entre otros puntos, la iniciativa contempla la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial como una autoridad independiente de la Suprema Corte, y que la remuneración de los servidores públicos de ese poder no pueda ser mayor a la del Presidente de la República.
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