En una conferencia de prensa tras la sesión semanal del Consejo de Ministros, rechazó que la mandataria vaya a privatizar la empresa, que ha acumulado una cuantiosa deuda con acreedores extranjeros y nacionales.
Agregó que Boluarte estima que Petroperú debe continuar suministrando combustibles a poblaciones alejadas, sobre todo amazónicas, aunque no de cualquier manera, sobre lo cual no dio precisiones.
Según Adrianzén, será reestructurado el sistema de gestión de Petroperú, para garantizar su sostenibilidad financiera a largo plazo y prevenir posibles situaciones de quiebra.
Dijo también que las dificultades de la empresa no son recientes, sino datan de hace mucho tiempo y que lamentablemente las soluciones se han ido postergando y se requiere con urgencia una línea de crédito para reactivar o mantener su sistema de adquisición de combustibles y garantizar un funcionamiento continuo y eficiente.
Adrianzén declaró además que es posible que haya ajustes próximamente en el directorio de Petroperú como posible solución, aunque previamente el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, descartó una medida de ese tipo.
Mucho aseguró que el presidente del directorio, Oliver Stark, continuará en el cargo y para ello cuenta con el respaldo de la presidenta, de Adrianzén y del ministro de Economía, José Arista.
De otro lado, el alcalde de la provincia petrolera de Talara, Sigfredo Zárate Vite, rechazó en un comunicado dirigido al Gobierno, la posibilidad de que la empresa estatal sea privatizada.
Zárate reconoció las dificultades de PetroPerú y advirtió que privatizarla podría afectar negativamente a la ciudadanía por el carácter estratégico de sus actividades.
La empresa fundada en 1969, fue obligada por la política privatista del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) a deshacerse de parte de su infraestructura y se le prohibió realizar actividades de exploración y explotación de petróleo para que se hiciesen cargo empresas extranjeras y privadas locales y tuvo que reducir sus operaciones comerciales.
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