La semana anterior, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que eliminará la medida vigente desde marzo de 2022 a corto plazo.
La información apareció en una entrevista ofrecida por el mandatario a la revista estadounidense Time, en la cual negó que pactó con las pandillas y precisó que desecharía la disposición que suspenden varios derechos constitucionales «a la brevedad posible».
La Asamblea aprobó la víspera una nueva prorroga con el voto de 57 legisladores de Nuevas Ideas y partidos afines, el voto en contra de la diputada de Vamos, Claudia Ortiz, y la abstención de los dos diputados de Arena, que componen la oposición en ese foro.
De esta forma se mantiene la suspensión de los tres derechos constitucionales, el derecho de defensa, al plazo de la detención administrativa, y a la inviolabilidad de la correspondencia y la intervención de las telecomunicaciones.
La trigésima postergación entrará en vigor el 8 de septiembre y se extenderá hasta el 7 de octubre, un periodo en el que se arreciarán las batidas contra los remanentes de las pandillas y se efectuarán nuevos juicios en grupos de los más de 81 mil delincuentes arrestados en el país.
Durante la sesión en la cual se aumentó la vigencia del régimen, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, citó una publicación en redes sociales de Bukele según la cual, “Esta (San Salvador) era la capital mundial del asesinato hace apenas un par de años. Las cosas cambian”, en referencia al ambiente de seguridad creado con las acciones punitivas.
Las medidas para enfrentar a los pandilleros son de aceptación generalizada por la población, el sector empresarial y los que visitan al país, e incluso sectores opositores la aprueban, pero piden una acción que mantengan el combate a las bandas, pero sin que se violen derechos.
Según las declaraciones de Castro “hasta el día de ahora no se ha presentado una fórmula en el país que sea más efectiva que esto”-
A este país lo vamos a sacar adelante, no importa lo que se tenga que sufrir y no importa lo que se tenga que pasar, aunque quieran ver a este órgano de Estado, a esta bancada de Nuevas Ideas dividida y quebrada, es algo que no va a suceder, puntualizó en aparente referencia a las críticas que genera la disposición.
«Vamos a seguir hasta que sea necesario, todavía hay trabajo por hacer”, aseveró el presidente del Legislativo.
Por su parte, la vicepresidenta y diputada a la Asamblea, Suecy Callejas, puntualizó que sus compatriotas llevan 30 meses consecutivos de vivir en libertad y de verdadera democracia, aunque organizaciones humanitarias denuncian que recibieron más de seis mil 400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas.
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