La decisión puede afectar el caso de la discoteca Kiss, en el que cuatro personas fueron penadas de 18 a 22 años por el incendio que dejó 242 muertos en el municipio Santa Maria, estado de Rio Grande do Sul, en enero de 2013.

En general, las sentencias solo comienzan a ser cumplidas después que el proceso «pase a ser de carácter judicial», es decir, luego que todos los recursos hayan sido agotados.

Tal modelo se adopta para evitar que el acusado sea arrestado mientras aún tiene oportunidad de revertir la condena.

Pero para los condenados en el jurado popular, el paquete anticrimen, aprobado en el Congreso Nacional en 2019, adelantó el cumplimiento del correctivo.

Con el cambio, el Código Penal pasó a prever que el juez debe determinar la «ejecución provisional de las penas, con expedición de la orden de detención, si es el caso, sin perjuicio del conocimiento de recursos que se interpongan».

El Tribunal del Jurado juzga crímenes dolosos contra la vida, como homicidios y feminicidios. En general, los resultados no pueden ser revisados por el Poder Judicial.

La sentencia popular es considerada soberana en estos juicios. La excepción es cuando la defensa alega irregularidades formales en la conducción del jurado.

En ese caso, la justicia ordinaria puede analizar los recursos y, si se considera que hay vicios procesales, determinar la realización de un nuevo juicio, pero nunca juzgar las pruebas por su cuenta.

La cuestión comenzó a ser discutida en el Supremo Tribunal Federal (STF) en 2020.

Entre idas y venidas en el pleno virtual, después de dos solicitudes de vista (más tiempo para análisis), el proceso terminó siendo remitido al pleno físico a petición del ministro Gilmar Mendes.

Con esto, el marcador se pone a cero y la votación debe ser retomada desde el principio. Antes de la suspensión, había mayoría a favor de la ejecución inmediata de la pena.

Por el reglamento interno del STF, solo los votos de ministros retirados se mantienen. Los demás necesitan manifestarse de nuevo y pueden cambiar de posición.

La medida puede afectar el caso de la discoteca Kiss.

Ayer, el ministro Antonio Dias Toffoli ordenó arrestar a los cuatro acusados condenados por el incendio del club. Si el tribunal considera que la ejecución inmediata de la pena es inconstitucional, pueden ser beneficiados.

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