En conferencia de prensa, Thalduwa dijo que también se recibieron 173 denuncias sobre los comicios como actos de violencia y violaciones a la ley electoral.
Este jueves es el segundo día de las votaciones por correo que comenzaron la víspera para el personal administrativo, de las oficinas de la Comisión Electoral y las fuerzas policiales y militares, entre otras instituciones.
El Comisionado General de Elecciones, Saman Sri Ratnayake, dijo la víspera que quienes están autorizados a participar en esa modalidad de votación tienen hasta mañana como fecha límite.
En caso de estar imposibilitados por algún motivo lo podrán realizar el 11 o 12 del presente mes en centros especiales en la Secretaría de cada distrito, agregó.
Los comicios presidenciales en Sri Lanka serán el 21 de septiembre con la participación de 39 candidatos electorales, entre ellos, el presidente Ranil Wickremesinghe, el líder de la oposición, Sajith Premadasa, y el representante del Partido Nacional del Poder Popular, Anura Kumara Dissanayake, quienes se destacan como los más fuertes contendientes, según la prensa.
En un acto de campaña, el mandatario esrilanqués apuntaló su promesa electoral en cinco componentes que nombró Economía comercial Theravada, Operación: más allá de 2025, Crear una sociedad radiante, Conquistar la patria y Unificar Sri Lanka.
Defendió los acuerdos entre Sri Lanka y el Fondo Monetario Internacional, así como con los 17 países del Comité de Acreedores Oficiales y habló de lo que consideró logros durante su actual mandato.
En tanto, Premadasa explicó a la prensa que su propuesta se enfoca en los pilares de construir una economía resiliente, empoderar a todos los ciudadanos, mejorar el servicio gubernamental, proteger la calidad de vida y salvaguardar la nación.
Mientras, Dissanayake, quien al parecer alcanza notable ventaja, basa su posible mandato en crear una economía equilibrada en el país que posibilite un desarrollo continuo y una tasa de crecimiento estable, de modo que las discrepancias en la distribución del ingreso puedan minimizarse y los beneficios sean distribuidos de manera justa.
También sugiere varias reformas fiscales y una mayor supervisión del gasto público, así como estrategias para el fortalecimiento de las redes de seguridad social y la lucha contra la corrupción.
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