La votación en el Congreso que mantuvo el lunes al magistrado como presidente de la Sala Segunda de esa instancia minimiza la importancia del cargo, debilita el sistema parlamentario y aumenta la desconfianza en las instituciones públicas”, expresaron los descontentos en un comunicado enviado a la Asamblea Legislativa (parlamento).
Los sufragios favorables a mantener a Sánchez ocho años más en el puesto –destaca el texto- no abordaron con seriedad las denuncias contra el juez sobre violencia sexual y otros actos de violencia de género contra las mujeres, así como su desempeño deficiente en la CSJ, que acumuló el atraso de unos 800 expedientes.
La decisión de los diputados envía un mensaje negativo a las mujeres víctimas de violencia sexual y sugiere que ellas no encontrarán el apoyo necesario en las instituciones estatales, afirma el comunicado. Las organizaciones y activistas independientes consideraron preocupantes las demoras en solucionar los casos judiciales por el atraso que implican en la revisión de casos en materia familiar y laboral, respecto a los que “una justicia pronta y cumplida es esencial para las personas más vulnerables”.
Las Organizaciones firmantes de la declaración incluyen a la Asociación Ciudadana Acceder, Concertación Interamericana de Mujeres Activistas por los Derechos Humanos y Alerta Costa Rica y a las también feministas La Corriente, Peras del Olmo, Casa Cuna el Rinconcito, Nicoya,.
También firman la comunicación de protesta el Observatorio de Medios de comunicación y Género, Guana Defensoras, Ni Una Menos, Red Feminista contra la Violencia Hacia las Mujeres, Trans Vida, Por el Derecho a Decidir, y Grupo de trabajo Cedaw.
El Congreso reeligió el 2 de septiembre por votación dividida a Sánchez como presidente de la Sala II, en medio de críticas contra sus funciones y una denuncia por un supuesto acto de acoso sexual.
Medios de prensa reseñaron el apoyo a la reelección del magistrado por los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Nueva República, mientras los opuestos a su continuidad en el puesto carecieron de la mayoría calificada (38 diputados) para vetar al juez.
Otras formaciones contrarias a la reelección del funcionario de la Sala Segunda, entre ellos el Frente Amplió, justificaron esa posición con las citadas acusaciones y cuestionamientos, entre ellos los de acoso sexual y atraso en la tramitación de cientos de expedientes que debió gestionar el juez.
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