La víspera la primera ministra, Judith Suminwa, expresó la determinación de continuar las investigaciones para esclarecer lo que realmente ocurrió en la noche del 1 al 2 de septiembre, así como de avanzar en el proceso de descongestión de ese centro penitenciario.
Tras un recorrido por las instalaciones, parte de las cuales fueron incendiadas, la jefa de Gobierno constató la reanudación de los servicios de la cocina, dio indicaciones para el restablecimiento de la electricidad y visitó a algunas de las mujeres víctimas de violencia sexual, a quienes prometió atención médica urgente.
En su recorrido estuvo acompañada por la directora general adjunta de la prisión, Deko Madeleine; el vice primer ministro y titular del Interior, Jacquemain Shabani; la ministra de Derechos Humanos, Chantal Chambu Mwavita; y los viceministros de Justicia, Samuel Mbemba, y de Defensa Nacional, Samuel Adubango Awotho.
Sin embargo, los cuestionamientos no paran de llover desde la oposición y también desde distintas organizaciones que piden una investigación independiente, pues culpan a la institución por la alta cifra de muertos en el incidente y el hacinamiento en el centro penitenciario, uno de los factores clave.
Según las cifras provisionales informadas por el ministro del Interior el propio 2 de septiembre, durante el intento de fuga murieron 129 personas, 24 por armas de fuego y el resto por la estampida y la asfixia; 59 personas resultaron heridas y un grupo de mujeres sin precisar fueron violadas.
No obstante, testimonios de los hechos publicados por la prensa local hablan de varias horas de disparos, tiros a quemarropa y hombres armados participando de las violaciones.
Estas contradicciones motivaron que organizaciones defensoras de los derechos humanos como la Voz de los sin voz (VSV) demandaran una indagación más exhaustiva y recordaran que ningún pretexto puede justificar las violaciones de los derechos humanos, además de pedir que los responsables rindan cuentas.
De igual forma la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió sobre el hacinamiento en la prisión central de Makala, un factor decisivo en los tristes sucesos.
El establecimiento penitenciario, diseñado para una capacidad de mil 500 reclusos, contaba con alrededor de 15 mil en el momento de los sucesos, lo que sin duda contribuyó a la tragedia.
A este mismo asunto hizo alusión la organización internacional Human Rescue DRC, que consideró lo sucedido como “un crimen de Estado”.
“Algunos de los jóvenes ya habían cumplido sus condenas, pero debido a la lentitud de la administración penitenciaria fueron detenidos injustamente. Luego están los casos de inocentes que nunca han tenido un juicio”, explicó su representante William Wenga, quien demandó una investigación internacional.
Pero las hipótesis más inquietantes apuntan a un intento de asesinato político o a una colaboración entre un agente interno y ciudadanos fuera, para sacar de la prisión a un recluso no identificado.
Testimonios publicados por Radio Okapi y la Agencia Congoleña de Prensa refieren que hubo un corte de electricidad en el centro penitenciario, luego de lo cual un auto entró y se llevó a un prisionero, incidente que desató la ola de intentos de salida de las celdas y el caos.
En tanto, el partido político Alianza para el cambio (APC) emitió un comunicado la víspera donde advirtió sobre un intento de eliminación física de su presidente, Jean-Marc Kabund. “encarcelado injustamente desde hace más de dos años” en Makala.
De “carnicería” catalogaron los sucesos los excandidatos presidenciales Moise Katumbi, Martin Fayulu, Denis Mukwege y Matata Ponyo, que también criticaron las condiciones infrahumanas de las cárceles.
Mientras, el ministro de Justicia, Constant Mutamba, calificó el intento de fuga como un “acto de sabotaje premeditado” contra la política de descongestión de las prisiones y de mejora de las condiciones carcelarias impulsada por el Gobierno.
Las investigaciones están en marcha, pero tal y como se muestra el escenario sus resultados podrían ser igualmente cuestionados.
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