Tras los sucesos en el centro penitenciario en la madrugada del 2 de septiembre, el ministro de Justicia, Constant Mutamba, dictó entre las medidas de emergencia la prohibición de enviar detenidos tanto a Makala como a la prisión de Ndolo.
El hacinamiento de la población penal en un establecimiento diseñado para mil 500 personas y donde permanecían al momento de los sucesos alrededor de 15 mil, es considerado uno de los factores clave en la tragedia donde, según fuentes oficiales, 24 reclusos murieron abatidos y el resto debido a empujones o asfixia.
Mutamba no dudó en calificar el intento de fuga como un “acto de sabotaje premeditado” en medio de un proceso de implementación de la política gubernamental de descongestión de las prisiones y de mejora de las condiciones carcelarias.
A esto se sumaron las declaraciones del viceministro de Justicia, Samuel Mbemba, quien señaló que el mal trabajo de los magistrados estaba en el origen de los sucesos.
La oficina del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) respondió con un comunicado en el que refirieron que los arrestos y detenciones por parte de los jueces son una respuesta legal y apropiada para garantizar la seguridad pública.
Subrayaron que los magistrados no son responsables del intento de fuga de la prisión central de Makala y propusieron la construcción de prisiones como medio eficaz para aliviar el hacinamiento.
Añadieron que las palabras de Mbemba pueden exponer a los magistrados a la venganza popular, a pesar de la existencia de un marco de concertación entre el Consejo Superior de la Magistratura y el Ministerio de Justicia, foro apropiado para tratar las cuestiones relativas a la administración de justicia, precisaron.
Pero el ministro de Justicia no se tomó muy bien esa postura y acusó a los magistrados de enviar detenidos a la prisión central de Makala sin tener en cuenta la capacidad de la cárcel.
“Resolveré este asunto dentro de 15 días. Les he alertado en varias ocasiones. Todos me han denunciado. He aquí los resultados. ¡Esto es sabotaje! Y no sucederá así. Cada semana los jueces envían detenidos a Makala sin tener en cuenta la capacidad. Y eso es injusto”, dijo indignado Mutamba según un reporte de Radio Okapi.
Sus declaraciones fueron incluso más lejos, pues se refirió a la supuesta implicación en la salida “de contrabando” de uno de los presos de prisión.
“Eso es un acto de sabotaje, no una fuga. Cada vez que he descongestionado la prisión, ellos han enviado el doble. Desde que empecé, ¿cuántos presos han sido enviados aquí después de descongestionar la cárcel? Entonces sabremos dónde empezó este sabotaje. Así que vamos a tomar medidas serias”.
Testimonios publicados por Radio Okapi y la Agencia Congoleña de Prensa refieren que en la madrugada del 2 de septiembre hubo un corte de electricidad en el centro penitenciario de Makala, luego de lo cual un auto entró y se llevó a un prisionero, incidente que desató la ola de intentos de salida de las celdas y el caos.
De igual forma, la organización internacional Human Rescue denunció que algunos de los jóvenes reclusos ya habían cumplido sus condenas, pero debido a la lentitud de la administración penitenciaria fueron detenidos injustamente, mientras otros nunca habían tenido un juicio.
La Conferencia Episcopal Nacional del Congo instó a la justicia congoleña a respetar los derechos de los justiciables y los procedimientos que rigen las detenciones, lo cual contribuiría a los esfuerzos del Gobierno por reducir la superpoblación carcelaria y evitar los encarcelamientos clandestinos.
Llamó a respetar la vida y afirmó que es deplorable tener que contar cada día las muertes por atentados y errores garrafales de las fuerzas del orden y de seguridad, y también por la negligencia de los servicios del Estado.
En medio de la disputa, algunas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos piden la dimisión o destitución del ministro del Interior, del viceministro de Justicia y del comandante provincial de la policía de Kinshasa.
En tanto, la víspera iniciaron los juicios contra los implicados en el intento de fuga, acusados de violación e incendio provocado; y el director de la prisión, que oficialmente ha estado recibiendo tratamiento durante el último mes, continúa sin dar la cara.
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