Conocido como “Matador”, el exboxeador y oficial de la Policía fue hallado culpable de la muerte de tres personas que protestaban en demanda del restablecimiento del orden constitucional tras el derrocamiento del expresidente Evo Morales en noviembre de ese año.
Frida Conde, hermana de Percy Conde, una de las víctimas fatales de El Pedregal, afirmó que la sentencia fue apelada y que otros cuatro policías acusados fueron absueltos.
“Le dieron 11 años de sentencia al señor Mamani por homicidio, las otras personas quedaron absueltas”, sostuvo en entrevista concedida al canal estatal Bolivia Tv.
Mamani fue dado de baja de la Policía, justamente por la denuncia que pesaba en su contra por la muerte de Beltrán Paulino Condori (21 años), Percy Romel Conde (32 años) y Juan Marín Félix Taco (18 años).
Mamani integró el destacamento policial que brindó seguridad al entonces presidente del Comité Cívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho cuando llegó a La Paz en medio de las revueltas golpistas con la exigencia de la renuncia del primer exmandatario indígena de Bolivia.
Conde dijo a Bolivia Tv que “mi persona jamás ha descansado en la búsqueda de justicia por la muerte de mi hermano, no sé si es la pena justa, pero eso es lo que hay con la justicia”, y denunció que durante el proceso de investigación se perdieron varios documentos.
Esta condena acontece en un contexto en que las autoridades judiciales de Bolivia iniciaron el juicio por la masacre de Senkata contra la expresidenta de facto Jeanine Áñez, exministros, exmandos militares y policiales en 2019.
Áñez y otras exautoridades fueron acusadas de genocidio y otros delitos tras la arremetida contra civiles en noviembre de 2019 en la zona de Senkata, ciudad se El Alto, en el departamento de La Paz.
La Procuraduría calificó este juicio de «proceso sin precedentes» que procura memoria, verdad y justicia para las múltiples víctimas de las graves violaciones de derechos humanos.
Dos días después de la renuncia forzada del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, Áñez firmó el Decreto Supremo 4078 (conocido como de la Muerte).
Esta normativa eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia en la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden democrático, y en ese contexto ocurrieron masacres como las de Sacaba (Cochabamba), Senkata (El Alto) y el Pedregal (La Paz), con saldo de 38 muertos, miles de heridos, torturados y detenidos ilegalmente.
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